Jorge Leyva, Hijo de Alvaro Leyva. 

Leyva hablaba de activar un “gran acuerdo nacional” que incluyera no solo al establecimiento político sino, de manera alarmante, también a grupos armados como el ELN y el Clan del Golfo.

El objetivo: crear una salida “concertada”, supuestamente institucional, pero profundamente ilegítima. Petro, desde antes de la filtración, ya había advertido de estos movimientos. En un pronunciamiento reciente, fue más allá: señaló que “el hijo de Leyva estaba negociando en Miami con la ultraderecha estadounidense” el poder de Colombia.

La frase, que parece salida de un drama político continental, es en realidad el eje de una disputa mayor por el rumbo democrático del país. El uso de conexiones externas, con congresistas estadounidenses como Díaz-Balart y aspiraciones de contacto con Marco Rubio, revela el carácter transnacional de la trama. Lo que se pretendía no era solo una renuncia o juicio político acelerado. Era un reordenamiento del poder desde fuera, con legitimación diplomática y presión mediática interna.

La figura de Francia Márquez ocupa un lugar delicado en este tablero. En los audios, Leyva insinúa que ella estaría dispuesta a asumir el poder.

Pero Márquez, firme y sin ambigüedades, se desmarcó: “No me presto a conspiraciones”, afirmó. Su declaración resuena con la fuerza de quien ha construido su liderazgo desde la legitimidad popular. No obstante, su ausencia prolongada en los consejos de gobierno, su silencio en varios episodios clave, y ahora su inclusión en una estrategia subversiva supuestamente sin su consentimiento, abren interrogantes sobre su papel actual en el Ejecutivo.

Pero más allá de las figuras públicas, lo que se revela es una estructura de poder paralela, operando en la sombra, articulando influencias nacionales e internacionales, y dispuesta a pasar por encima de la soberanía democrática para imponer una reconfiguración política. En este plan, Álvaro Leyva —otrora garante de paz— reaparece como un operador de ruptura, mientras algunos sectores que se prestaron para amplificar discursos desestabilizadores ahora guardan silencio.

Lo más perturbador es que todo esto se planteaba con un manto de legalidad. Leyva hablaba de usar la Constitución, de sumar a instituciones, de convencer al Ejército. Una típica estrategia de “golpe blando”, donde no hay tanques en la calle, pero sí conversaciones en despachos privados, gestiones diplomáticas y campañas mediáticas diseñadas para erosionar la legitimidad del gobierno.

El libreto no es nuevo: lo hemos visto en otros países de América Latina, y Colombia parece estar escribiendo su propio capítulo. La conexión entre sectores conservadores en EE. UU., actores políticos locales y vocerías mediáticas revela un triángulo de presión externa que merece atención.

El senador Díaz-Balart, quien respondió con sarcasmo a las primeras denuncias de Petro, aparece ahora mencionado como pieza de articulación. Que un congresista estadounidense participe —directa o indirectamente— en una tentativa de desestabilización democrática en Colombia no es un detalle menor. Es una violación a la soberanía que debe ser abordada con firmeza diplomática y política. Por otra parte, el silencio inicial de ciertos medios frente a la gravedad de los audios contrasta con la vehemencia con que atacan cada desacierto del gobierno.

Es necesario preguntarse si la democracia les importa como principio o solo como herramienta cuando el poder les es afín. El entramado es claro: Álvaro Leyva, con respaldo de su hijo y supuestos contactos internacionales, planificó una salida del presidente Petro. Para ello, articuló un discurso de caos institucional, convocó a actores armados y políticos, e intentó construir una legitimidad paralela usando la imagen de Francia Márquez. El plan incluía tanto presión interna como legitimación externa, y en su centro estaba la idea de que el país necesitaba ser salvado “de sí mismo”.


Colombia no puede permitir que estas maniobras pasen como anécdotas. La historia está llena de democracias que murieron no por revoluciones ni dictaduras explícitas, sino por operaciones silenciosas que torcieron la voluntad popular.

Hoy, más que nunca, se impone una exigencia ética y jurídica: que la justicia actúe, que las responsabilidades se asuman, y que la democracia —más allá de nombres y partidos— se defienda con hechos. 

Gustavo Petro, con todas las controversias de su gobierno, ha demostrado que tenía razón al denunciar el peligro. Y Álvaro Leyva, el garante de tantas verdades, hoy se enfrenta a la más dolorosa: la suya. .