Redacción Nacional Catatumbo, Norte de Santander , 26 de junio de 2025 – 5:00 pm
El Catatumbo bajo fuego: la guerra invisible que desplaza a más de 52.000 personas
En las veredas polvorientas del Catatumbo, donde la selva se mezcla con cultivos de coca y caminos minados, la guerra no ha terminado: ha mutado. Desde enero de este año, una nueva ola de enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias de las FARC‑EP ha dejado un saldo devastador: más de 52.000 personas desplazadas, decenas de civiles asesinados, comunidades confinadas y cientos de familias atrapadas entre minas antipersona, amenazas y fuego cruzado. 🧨 Una disputa por el control de la frontera
Una disputa por el control de la frontera
Lo que comenzó como una pugna territorial silenciosa por rutas del narcotráfico y el dominio de corredores estratégicos en Tibú, El Tarra y Hacarí, hoy se traduce en una crisis humanitaria estructural. Las hostilidades entre el Frente 33 de las disidencias y frentes armados del ELN se intensificaron desde finales de 2024, pese a los anuncios del Gobierno sobre la "paz total".
Las cifras son demoledoras:
52.000 desplazados forzados, según la Defensoría del Pueblo.
31.000 personas confinadas, sin acceso a alimentos ni servicios básicos.
117 muertes violentas registradas entre enero y mayo, incluyendo líderes comunales, menores y excombatientes.
Presencia activa de minas antipersona en escuelas, caminos rurales y zonas de cultivo.
- MGC
Aunque la Defensoría del Pueblo había emitido alertas tempranas desde mediados de 2024, señalando un riesgo inminente por la expansión de grupos armados, la respuesta institucional fue lenta y fragmentada. Las alertas hablaban de asesinatos selectivos, reclutamiento forzado y confinamiento masivo. Sin embargo, no fue sino hasta enero de 2025 que el Estado actuó con contundencia.
Una ofensiva tardía: soldados, helicópteros y kits de ayuda.
El 20 de enero, el presidente Gustavo Petro decretó Conmoción Interior en la región, autorizando el despliegue de 5.000 efectivos y la creación de la “Operación Catatumbo”. La operación militar ha destruido más de 2.600 artefactos explosivos, pero la crisis humanitaria no da tregua.
El Gobierno, en coordinación con la Unidad para las Víctimas, ha habilitado campamentos de emergencia, ha distribuido kits de alimentos y ha movilizado personal médico hacia zonas críticas. A pesar de estos esfuerzos, la presencia estatal es aún limitada, y organizaciones civiles alertan sobre el riesgo de hambruna, desplazamiento urbano forzado y nuevas masacres silenciosas.
“Esta guerra no es noticia en Bogotá”
En palabras de Lucía Tarazona, lideresa comunal de Convención:
“Ya no sabemos quién manda. A veces el ELN, a veces las FARC. Lo cierto es que aquí los niños no van a la escuela por miedo a las minas, y el Ejército viene, pero no se queda”.
El Catatumbo vive hoy una guerra invisible para la opinión pública nacional, pero profundamente real para las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes que habitan la región. El clamor de los desplazados se mezcla con la rabia de quienes sienten que el Estado siempre llega tarde.
¿Y ahora qué?
Human Rights Watch ha exigido al Gobierno colombiano una estrategia integral de protección a civiles, y no solo operativos militares. La Defensoría insiste en que es urgente desminar el territorio, restablecer la educación rural, garantizar atención psicosocial y brindar seguridad jurídica a los retornados.
Mientras tanto, el Catatumbo sigue sangrando en silencio.