Redacción Internacional | Ginebra (SUIZA)– Bogotá, 27 de junio de 2025 – 10:45 a. m.
Reducción de presencia de la ONU en Colombia por recortes de EE. UU. alerta sobre nuevas vulnerabilidades y amenazas
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha confirmado esta semana una drástica reducción de su operación en Colombia, recortando en un 50 % su presencia institucional y operativa en el país.
Esta decisión obedece, según lo informó el propio organismo multilateral, a los recortes presupuestarios impulsados por el gobierno de Estados Unidos, principal financiador de diversas agencias del sistema ONU, incluidos el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).
Fuentes diplomáticas consultadas por El País y The Guardian aseguraron que la reducción de fondos afecta directamente los programas de monitoreo de derechos humanos, desarrollo comunitario, asistencia a poblaciones desplazadas y verificación de procesos de paz en regiones con alta conflictividad como el sur de Córdoba, el Bajo Cauca antioqueño, el norte del Chocó, el occidente del Huila y zonas rurales de Cauca y Nariño.
“La reducción de personal y proyectos tendrá efectos inmediatos sobre las comunidades más vulnerables. Hay territorios en donde la presencia de la ONU no solo representaba ayuda técnica y humanitaria, sino también una forma de contención simbólica frente al avance de actores armados ilegales”, explicó un funcionario de la Misión de Verificación en condición de anonimato.
En paralelo a este anuncio, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió una advertencia contundente sobre una práctica creciente y preocupante: el reclutamiento forzado y manipulado de niños, niñas y adolescentes por parte de pandillas criminales mediante plataformas de redes sociales como TikTok, Facebook, Instagram y WhatsApp. Según un informe preliminar filtrado al diario británico The Guardian, se han documentado múltiples casos en los últimos seis meses donde menores han sido contactados, adoctrinados y posteriormente cooptados por estructuras delincuenciales para tareas de microtráfico, espionaje y transporte de armas.
“Estamos ante una nueva modalidad de reclutamiento, más sutil, más difícil de rastrear, pero igual de destructiva”, señala el documento, que ha sido compartido con gobiernos y organismos de control de contenidos digitales.
Volker Türk Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos
La ONU ha hecho un llamado urgente a las grandes plataformas tecnológicas para establecer filtros más estrictos, algoritmos de detección temprana y políticas de denuncia más efectivas.
“El ecosistema digital no puede seguir siendo una zona gris donde los derechos de los menores son vulnerados sistemáticamente”, afirmó Volker Türk,
Esta serie de anuncios llega en un momento de alta sensibilidad para Colombia, donde el contexto de postconflicto se ve amenazado por el recrudecimiento de disputas armadas, el avance de estructuras del crimen organizado y el debilitamiento de la institucionalidad internacional.
Analistas alertan que el retiro parcial de la ONU no solo implica un revés simbólico, sino una desprotección efectiva para miles de familias que dependen de su presencia.
Organismos nacionales como la Defensoría del Pueblo y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) han comenzado a levantar alertas tempranas por la ausencia de redes de protección en zonas de alto riesgo.
Por su parte, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Interior, ha señalado que trabaja en una reestructuración de sus esquemas de atención y presencia institucional, aunque ha reconocido que el retiro de la ONU “deja un vacío que difícilmente puede suplirse de forma inmediata”.
Mientras tanto, la comunidad internacional observa con creciente preocupación el debilitamiento del multilateralismo en escenarios críticos.
La reducción de la cooperación en Colombia se suma a una tendencia global de repliegue de organismos internacionales en contextos de recesión y reajustes presupuestarios, cuyo costo más alto lo están pagando, una vez más, las poblaciones más marginadas.